Asociación de Reporteros Independientes
Asociación de Reporteros Independientes
Partamos por un justo reconocimiento. Quienes lucharon contra la dictadura de Pinochet y los otros regímenes militares del Continente siempre reclamaron del llamado “mundo libre” un apoyo a sus causas y la más plena injerencia en los asuntos internos de nuestro país como de los vecinos subyugados.

Desde el inicio de la historia los imperialismos y los gobiernos hegemónicos han hecho caso omiso de la “libre determinación de los pueblos”, lo que nos ha provocado las constantes guerras, la trágica muerte de millones de seres humanos, la destrucción de ciudades, cuanto que el mapamundi se haya dibujado incesantemente.
En la actualidad, muchos de los países que ayer fueron desestabilizados por la intervención extranjera claman ante las organizaciones mundiales para que éstas se propongan derribar los gobiernos de Venezuela, Cuba y otras naciones, y no faltan muchos antiimperialistas de antaño que hoy le dan carta blanca a Estados Unidos, a la gran nación imperial, para que invada militarmente, si es preciso, estos países acusados de tener gobiernos dictatoriales. Severos bloqueos económicos, ayuda armamentista y diversas presiones diplomáticas se ejercen contra algunos países soslayando que hay otros que, como Marruecos y Arabia Saudita, sin rasgo institucional alguno que las signe como democráticas, y donde se violan cotidianamente los derechos humanos. Incluso con crímenes deleznables reconocidos por sus autoridades, como el cruel y cobarde asesinato de un periodista en la legación diplomática saudí en Turquía.
La OEA y otras entidades multinacionales han llegado a convenir cláusulas entre sus socios para intervenir en la vida interna de ciertos países, pero nunca se han atrevido a condenar, por ejemplo, al régimen de Donald Trump por su agresivas formas de intervención en los asuntos foráneos, cuando desconoce los derechos de los migrantes e intenta levantar un muro tan oprobioso como el que propone en la frontera con México.
El llamado Muro de Berlín llevó a John Kennedy, en un vibrante discurso, a repudiar in situ la separación de los alemanes, sin saber que sus sucesores iban a promover después las mismas barreras, allí donde no existen fronteras naturales inexpugnables. Rusia ya está amenazando con construir una separación artificial con Ucrania y éste y otros países gastan ingentes recursos en adiestrarse para el jaqueo de los sistemas informáticos, el uso abusivo de las redes sociales, la intervención en elecciones supuestamente limpias e informadas y, por supuesto, en el sabotaje al comercio internacional, apenas surgen economías que quieren incorporarse al libre mercado, a la competencia con las grandes empresas transnacionales que hoy pesan más que muchos estados.
Hay países como Chile, Colombia y otros cuyos gobiernos, según sus propios procesos electorales y encuestas, representan a un porcentaje ínfimo o muy minoritario, así como algunos en que las evidencias señalan que cuentan con una base de apoyo popular muy amplio, como sucede con Cuba y la propia Venezuela. Es cosa de imaginarse cuánto podrían alardear los opositores de estos gobiernos de izquierda si en aquellos países se observaran las convulsiones sociales, bloqueos camineros y ese sinnúmero de protestas que se suceden aquí a causa de nuestra economía tan desigual, a la corrupción de nuestras autoridades y a la forma en que se reprimen los derechos de los mapuches, los pescadores, los pensionados y de tantos sectores abusados por las políticas neoliberales y el autoritarismo de los sucesivos gobiernos “democráticos”. Que llegan a cometer crímenes atroces como el del comunero Matías Catrillanca consentido u ocultado por el Ministerio del Interior, como se sospecha y existirían presunciones fundadas.
Del mismo modo que ya no puede ocultarse el desarrollo del crimen organizado en un país como el nuestro, en que ya no existe hogar, o personas, actividades productivas y comerciales que pueda librarse de la acción de las bandas de narcotraficantes, de ladrones y violentos asaltantes, cuando no de los propios policías corruptos. Lo que podría ocurrir en escala muy inferior en otros países, mientras que aquí ya es el pan cotidiano de los noticiarios de la televisión, algunos de los cuales siguen empeñados en convencernos de que Chile es la “copia feliz del Edén”, en comparación a lo que sucedería en el mundo.
Es legítimo observar y protestar por lo que acontece en todas partes, pero en realidad hasta sería preferible que el mundo aboliera el principio de la no intervención en los asuntos internos para hacer menos hipócrita o más diáfanas las relaciones internacionales. Así, los países afectados por las presiones de los poderosos podrían concertarse para hacer frente a la agresión imperialista o de esos intrusos como Chile que se afanan en ser reconocidos como democráticos y desarrollados, pese a las acuciantes cifras de su escandalosa distribución del ingreso, la conculcación de las organizaciones indígenas y sindicales, la explosión del narco y del microtráfico de estupefacientes, la vigencia de la Constitución de Pinochet y la aprobación de leyes, como la de Pesca, redactadas por las propias empresas del ramo con los parlamentarios sobornados por éstas.
Era para no creerlo que los que sostuvieron las dictaduras cívico militares o fueron sus cómplices pasivos(al decir del mismo Piñera) hoy pretendan blanquearse respecto de sus crímenes y graves omisiones del pasado. Aunque felizmente, de la boca a la realidad, rápidamente se ven atraídos y coludidos con las pretensiones verdaderamente fascistas de los Bolsonaro o Trump, férreamente enemigos de la igualdad social, los derechos de las mujeres y las urgentes demandas medioambientales. Provocando con su doble estándar e inconsecuencia que, desgraciadamente, aumente día a día el número de personas que ya no cree en la propia democracia que fue por largos años tan añorada, como rápidamente traicionada.El Clarin.cl.
 
Publicado: Lunes, 14 de Enero de 2019 a las 05:38 hrs. Autor: Cooperativa.clUn adulto mayor que se encontraba en el interior de la vivienda resultó con un corte en su mano.Hay dos heridos.Foto: Carlos Jara - CooperativaLlévatelo:
En medio de una persecución policial, un automóvil terminó incrustado este lunes en el muro de un domicilio en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.El vehículo, un Chevrolet Cruze, era seguido esta madrugada por personal de Carabineros cuando impactó en el frontis de una vivienda ubicada en la intersección de la avenida Lo Moreno con calle Pedro de Mendoza.Un adulto mayor de 84 años que se encontraba sentado en un sillón al interior de la casa resultó con un corte en su mano.  Fue atendido en el Hospital Parroquial, pero ya se encuentra de regreso en su casa. Los dos tripulantes del vehículo -un menor de 16 y un joven adulto de 21 años- huyeron a pie del lugar tras el impacto, siendo detenidos por personal policial. El automóvil rompió una reja perimetral y gran parte del muro de la casa.Carabineros retiró el vehículo del muro de la casa. 
 
Santibáñez incluso detalló que "lo digo con convicción, porque sepan ustedes que fue esta diputada la que estuvo presente en la peña de Ricardo Palma Salamanca aquí en Chile y nadie lo sabe".Por  14 de enero de 2019     La diputada del PRO Marisela Santibáñez fue parte de la Fiesta de los Abrazos que organizó el fin de semana el Partido Comunista, donde se sumó a la polémica por la polera de Jaime Guzmán que recibió en su momento Gabriel Boric.La parlamentaria fue parte de un panel de debate de la actividad, donde lanzó duros cuestionamientos a la figura de uno de los fundadores de la UDI.“A mí no me sirve que hoy día, un compañero del Frente Amplio a quien admiro profundamente por su lucha estudiantil, y lo admiro profundamente, y cada día que lo veo lo saludo, Gabriel Boric, no me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán, porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo ‘Bien muerto el perro’, y perdónenme los que crean que no es así. ¡Bien muerto el perro!”, expresó.Santibáñez incluso detalló que “lo digo con convicción, porque sepan ustedes que fue esta diputada la que estuvo presente en la peña de Ricardo Palma Salamanca aquí en Chile y nadie lo sabe”.“Lo sabe mi madre y lo sabe todo mi partido y lo saben todos los compañeros comunistas”, agregó.
 
Ambos uniformados, que integraron el Comando de Apoyo de la Fuerza entre 2010 y 2013, cometieron el fraude a través de la emisión de facturas falsas a proveedores por más de 2.700 millones de pesos.Por  14 de enero de 2019     La Corte Marcial confirmó la sentencia dictada por la ministra en visita especial Romy Rutherford Parentti que condenó a dos miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos reiterados de fraude al Fisco.En fallo unánime, el tribunal de alzada castrense ratificó la sentencia impugnada que condenó a Juan Carlos Cruz Valverde a la 12 años de presidio, y a Liliana Francisca Villagrán Vásquez a 10 años y un día de presidio.Ambos uniformados, que integraron el Comando de Apoyo de la Fuerza entre 2010 y 2013, cometieron el fraude a través de la emisión de facturas falsas a proveedores por más de 2.700 millones de pesos.La sentencia de la Corte Marcial descartó infracción a la Convención Americana de Derechos Humanos en la sentencia de primera instancia, dictada por la ministra instructora, y ratifica todos los elementos de participación considerados para condenar a los suboficiales en retiro.
 

Autor: X. Soto y C. Aninat MAR 15 ENE 2019 |  12:53 AMEL PERIODO DE CUATRO AÑOS SIN REELECCIÓN INMEDIATA SE IMPLEMENTÓ A PARTIR DE 2006.Iniciativa de RN contará con las firmas de los diputados Cariola (PC), Calisto (DC) y Sabag (DC), entre otros.A las 11.00 horas de este martes, un grupo transversal de diputados ingresará a trámite un proyecto de ley para modificar la Constitución y permitir que los presidentes de la República puedan optar por la reelección para el periodo inmediatamente siguiente a su mandato, y por una única vez.La iniciativa es liderada por el legislador de Renovación Nacional Francisco Eguiguren, quien consiguió el respaldo de la diputada comunista Karol Cariola y de sus pares democratacristianos Miguel Ángel Calisto y Jorge Sabag, además de los RN Karin Luck y Sebastián Torrealba.Según explicó Eguiguren, la necesidad de una reforma de este tipo se sustenta en la posibilidad de “desarrollar políticas públicas de largo plazo”.MÁS SOBRE DIPUTADOSDiputados UDI y RN ingresan proyecto para eliminar Comisión de Ética10 ENE 2019Diputados dicen que no es suficiente rebaja en tarifas de CuentaRUT10 ENE 2019En esta misma línea, Calisto argumentó que “fue un error reducir el período presidencial a cuatro años, porque, claramente, no permite que un presidente pueda cumplir con su plan de gobierno”, por lo que -añadió- “una medida como esta permite que los gobiernos sean más eficientes, responsables y menos populistas, asegurando políticas de Estado a largo plazo y transformaciones de fondo”.Otro de los beneficios que traería una modificación como la planteada sería la posibilidad de fomentar nuevos liderazgos en política. Al respecto, Eguiguren expuso que “todos los candidatos de los dos grandes bloques, salvo Alejandro Guillier, ya eran actores en los noventa. Con esto se permite que se vayan posicionando nuevos liderazgos, capaces de dar un nuevo aire a la política”.De hecho, la aprobación del texto significaría que, en la práctica, tanto Sebastián Piñera como la expresidenta Michelle Bachelet no podrían competir una vez más para llegar a La Moneda. Y, además, el texto considera también una disposición transitoria donde se establece que “esta modificación no será aplicable para el presidente que (la) promulgue”.“Creemos que el apoyo transversal a estas reformas se debe a que van en pos de mejorar nuestra democracia. Esto no es de izquierda o derecha, apunta a mejorar el país y nuestro sistema”, subrayó Eguiguren en torno a las dos iniciativas que ingresará hoy con respaldo de parlamentarios de distintas bancadas.
ViabilidadLa posibilidad de reelección presidencial inmediata replica una de las propuestas contenidas en el programa de gobierno de Sebastián Piñera (ver recuadro). Es por ello que, desde el oficialismo, creen que la presentación de hoy es una señal positiva para permitir avanzar con mayor certeza en el trámite legislativo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. Esto, considerando que, desde 2006 -año en que el periodo presidencial varió de seis a cuatro años- distintos parlamentarios ingresaron propuestas sobre la materia en cinco ocasiones, sin que ninguna de estas superara el primer trámite constitucional.R El periodo de cuatro años sin reelección inmediata se implementó a partir de 2006.
 

AHORA CON MAYOR FUERZA


MARTES 15 de ENERO 2019HOY LEVANTAMOS NUESTRAS PANCARTAS CON DIGNIDAD POR NUESTROS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS
VUELTA 119 DOS AÑOS DANDO VUELTA POR VERDAD Y JUSTICIA, VIERNES 18 DE ENERO 2019 A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.Me gustaComentar
 

OPINIÓN.

Ciberantropóloga Amber Case en Congreso Futuro: “Todos llevamos una agujero de gusano en el bolsillo”por  15 enero, 2019Como todo cientista social que estudia al ser humano, Case observa a las personas, pero su trabajo de campo va más allá. Se dedica a estudiar nuestra participación en las redes digitales, analizando las diversas formas en que proyectamos nuestras personalidades, nos comunicamos, trabajamos, jugamos, compartimos ideas e incluso formamos valores.
Amber Case es una de las mujeres más influenciadoras en lo que respecta a la tecnología. Es más, se considera a sí misma una cyborg. “La idea de la palabra cyborgno remite a Terminator o a Robocop, sino que cada vez que uno está utilizando un dispositivo electrónico se convierte en un robot”, dice la ciberantropóloga, quien será protagonista de una charla magistral el próximo viernes 18 de enero a las 10:30 hrs. en el marco del Congreso Futuro 2019.Desde 1993, Case ha estudiado las interacciones simbióticas entre humanos y máquinas, y considera cómo nuestros valores y cultura están siendo moldeados por vidas cada vez más mediadas por alta tecnología.La intensificación de la interfaz humano-tecnología reducirá rápidamente la distancia entre el individuo y la comunidad: “La convergencia de las tecnologías provocará un rápido aprendizaje y comunicación sin precedentes”, propone Case.Todos somos cyborgs“No necesitamos ser Robocop o Terminator para ser un cyborg. Cada vez que usamos tecnología somos un cyborg”, plantea Amber Case.El término "cyborg" proviene de un artículo de 1960 sobre viajes espaciales para describir a los seres humanos a los que se agregaron tecnologías para sobrevivir y adaptarse a nuevos entornos.La tecnología nos está haciendo evolucionar, dice Amber Case, a medida que miramos pantallas y seguimos haciendo clic. Hoy en día dependemos de los "cerebros externos" (los teléfonos celulares y las computadoras) para comunicarnos, recordar e incluso para vivir vidas secundarias.Todos llevamos un agujero de gusano en el bolsilloEl padre de Case solía leerle cuentos para dormir. Case señala que una noche le mostró un papel donde había dos puntos. Preguntó cuál era la distancia más corta desde el punto A hasta el punto B. "Una línea recta", respondió Amber. "Hay una distancia aun más corta", respondió el padre. Y dobló el papel para que los dos puntos se tocaran: "Que es la idea de un agujero de gusano. El tiempo y el espacio comprimido ". "Me dijo esto cuando tenía 4 o 5 años, y lo pensaría cada noche", recuerda la antropóloga cyborg.La científica señala que el agujero de gusano es más bien una extensión mental, al igual que la escritura o cualquier otro desarrollo mental. “Es la idea de llevar con nosotros (dispositivo móvil) a todas partes, terminamos teniendo una especie de tiempo simultáneo. Vivimos en múltiples zonas horarias a la vez, cada una con su propio tiempo”, dice Case.Otro de los puntos que expresa Case para afirmar que en nuestra vida diaria constantemente actuamos como cyborgs, es una dependencia a la tecnología que se expresa como una fuerza irrefrenable que nos obliga a atenderla tal como lo hace la adicción. "Plataformas sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, pueden interrumpirnos en cualquier momento. No saben que estamos disfrutando de una comida, pero sentimos la necesidad de mirar el teléfono”.Menos tiempo para pensar en uno mismo“Hay mucho menos tiempo para reflexionar”, manifiesta Case al pensar que en cualquier tiempo de inactividad o momento de pausa que tenemos, inmediatamente estamos mirando nuestros teléfonos.La antropóloga cyborg define a los smartphones como “los nuevos cigarrillos, pero los cigarrillos pueden ser un poco más sociales”. Investigaciones han comprobado que una llamada o un mensaje de voz estimulan la dopamina. A medida que pasamos de las conversaciones de voz a la atención parcial continua (según lo propuesto por Linda Stone), perdemos la capacidad de sentarnos con nosotros mismos y desarrollar el ser interior.Case apunta a que debemos asegurarnos de tomar descansos de la tecnología. “El momento de enamorarse, ver una puesta de sol o comer con la familia es tiempo de calidad que está en riesgo cuando es interrumpido por nuestros dispositivos”.Tecnología y humanidad coevolucionaronToda la tecnología ha evolucionado como una herramienta para ayudar a amplificar nuestro trabajo. La mayoría de las herramientas fueron construidas por individuos a escala humana. Un carpintero tiene herramientas especiales y trabaja con ellas, ejemplifica Case.“Cuando sucedió la Revolución Industrial, comenzamos a ser esclavos de las herramientas de una manera múltiple. La escala humana fue eliminada, y perdimos contacto con la humanidad. Ahora usamos los teléfonos y otras tecnologías para ayudarnos cuando nos sentimos solos, pero olvidamos que son herramientas para amplificar nuestra creatividad”, declara la antropóloga cyborg.La mayor parte de esta nueva tecnología llama cuando no la estamos utilizando. Me gustaría ver la tecnología que está ahí cuando la necesitamos, pero la calma cuando no la necesitamos. Estas son las ideas detrás de los principios de Calm Technology.
 
15 enero 2019Compartir en:      LinkedInPor Mario López M.No es habitual que, fuera de protocolo o fechas importantes para la República, los integrantes de la Corte Suprema y el Presidente de la República se reunan. Menos en privado. Todavía menos ocurrente es que se inmiscuya un Poder del Estado en las materias que la Constitución y la Ley, les reservan de manera exclusiva al otro.Sin embargo, eso pareciera no contar para Sebastián Piñera, que hace un par de días se reunió en el Palacio de La Moneda con la mayoría de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. La reunión, ya inusual, dio paso a un momento insólito e impropio, como consecuencia de una imprudencia presidencial: en medio de la reunión, les llamó la atención y pidió explicaciones, por los fallos de ese tribunal que han acogido demandas para que se le cubran tratamientos costosos a personas afectadas por extrañas enfermedades no cubiertas por la Ley Ricarte Soto.El comentario del Mandatario, dejó perplejos a los ministros de la Suprema y generó un ambiente incómodo que no pudo despejarse, señalan fuentes cercanas a tribunales a nuestro medio.De pronto Piñera interrumpió las conversaciones e increpó a los ministros del Poder Judicial allí presentes: qué pasa con sus fallos en materias relativas a la salud, les preguntó en un tono poco convencional y menos agradable, qué pasa con las personas sin curabilidad para sus enfermedades o que sufren extrañas patologías, cuestionó. Por qué las tiene que pagar el Estado, dijo, esperando una respuesta que no obtuvo.Ante ello les dijo, molesto: "Pretenden quebrar al Estado". De ahí en adelante, la reunión continuó en un tenso ambiente, reconocen.Uno de los últimos fallos de la Corte Suprema ordenó financiar el medicamento para un mal poco común, pese a no estar incluido en la Ley Ricarte Soto: el Tribunal estimó que "el derecho a la vida y la integridad física prevalecen sobre las restricciones presupuestarias". No deja de llamar la atención que un Poder del Estado pretenda inmiscuirse, contrariando la Constitución, en las decisiones y ámbitos de competencia de otro. Pero más delo legal, llama la atención la indolencia de negarles atención a personas enfermas y sí se den el lujo de gastar 14 millones en un almuerzo para los ministros del Gabinete, incluido Piñera, o comprarles costosos autos eléctricos, o bien adquirir una suntuaria televisión para la casa de veraneo de Cerro Castillo o bien sillones millonarios para el ministro del Interior.Qué decir de los sueldos altísimos que se le pagan a decenas de familiares del propio Presidente y de algunos de sus ministros y colaboradores más cercanos, como los más de 10 millones que se le pagaban mensualmente a la hija de su socio como encargada de negocios en Nueva York, pese a no tener ninguna preparación al efecto, por lo que debió renunciar.Imprudencia frente a la Corte Suprema e indolencia, frente a los enfermos. Foto de la Presidencia de la República que da cuenta de la reunión sostenida este jueves en el Palacio de La Moneda.
 
MARTES 15 DE ENERO 2019
Manuel Ahumada LilloPara Santibañez, Boric y todoslos que se andan disculpandoJaime Guzmán fue autor y promotor intelectual del terrorismo llevado adelante por Patria y Libertad y el Rolando Matus en tiempos del gobierno popular.
Apadrino y guió intelectualmente a camioneros y colegios profesionales que promovieron, junto a políticos de la CODE (Democracia Cristiana y P Nacional, hoy RN) el cruento golpe militar de 1973 Fue el guía espiritual de acaparadores y promotores del desabastecimiento, generadores de campañas del terror, atacantes de día claro de los avances del gobierno popular.Jaime Guzmán fue el padre de todas las violaciones de derechos humanos aplicadas por la dictadura, que él y sus discípulos ayudaron a instalar.
Son responsables de cientos de fusilamientos, miles de ejecutados y desaparecidos, millones de torturados que hasta el día de hoy cargan con las secuelas.Este fue Jaime Guzmán, Promotor y defensor del tipo de democracia que aplica el capital en los países que controla
El y todos quienes violaron los derechos humanos, debieron ser juzgados y condenados . Y no estar en Punta Peuco, sino en una cárcel común, cuando no pagar, como los nazis en Nuremberg, con su vida por tanto daño causado.Me gustaComentar
 

INVITACIÓN.

Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la JusticiaMartes 15 de enero 2019¡NO LO OLVIDE! l@s esperamos el 19 de enero 2019 en nuestro 8vo Encuentro de Ex Prisioneras/os Políticas/os de 3 y 4 Álamos, sus Familiares y La Comunidad.
 

AHORA CON MAYOR FUERZA


MIÉRCOLES 16 de ENERO 2019HOY LEVANTAMOS NUESTRAS PANCARTAS CON DIGNIDAD POR NUESTROS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS
VUELTA 119 DOS AÑOS DANDO VUELTA POR VERDAD Y JUSTICIA, VIERNES 18 DE ENERO 2019 A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.Me gustaMostrar más reaccionesComentar
 

OPINIÓN


Por un Acuerdo Nacional en Seguridad Públicapor  16 enero, 2019Como mínimo, debiésemos comenzar por debatir si es razonable tener una policía de carácter militar en una sociedad que demanda instituciones que prevengan más que reprimir; que sean sensibles a los contextos locales más que aplicar procedimientos militares a problemas sociales. Las fuerzas democráticas deben estar a la altura de lo que el pueblo de Chile hoy requiere y, eso, es una fuerza policial subordinada al poder civil, que dé garantías tanto en materia de seguridad pública como también de Derechos Humanos. Hemos esperado demasiado. Ahora es cuando.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, al concurrir al Congreso por la solicitud de remoción del ex general director de Carabineros Hermes Soto, reconoció que la institución uniformada se encuentra en una “grave crisis”, destacó que esta situación requería convertirse en una oportunidad y dijo advertir un ambiente positivo para construir un acuerdo nacional en un tema donde no se podía esperar.La gravedad de esta crisis ya nadie la cuestiona y aquello es un primer paso en una institución que tiene un oscuro récord histórico. Como todos sabemos, los abusos a los Derechos Humanos cometidos por Carabineros en dictadura no dieron paso a una reorganización significativa en democracia. La prueba más palpable de aquello es que, después de la transición, ningún Gobierno se atrevió a tocar uno de los pilares fundamentales en los que se basa su organización: la Ley 19.861 Orgánica Constitucional de Carabineros. Se transfirió la dependencia de la policía uniformada del Ministerio de Defensa a Interior, pero no se afectó en nada su organización básica que, de acuerdo a dicha norma, es de una policía militar.Al mismo tiempo, durante el último año hemos sido testigos de graves faltas a la probidad al interior de la institución, con millones de pesos robados a las arcas fiscales por funcionarios de la institución. Si bien no existe una vinculación directa con los resultados en seguridad pública, estos problemas sí afectan directamente la percepción que la ciudadanía tiene sobre su policía y esto, ciertamente, incide en su desempeño en materia de seguridad.Entonces, si estamos dispuestos a hablar de un acuerdo nacional en materia de seguridad pública, se requiere poner todas las cartas sobre la mesa y, para ello, propongo que se incluyan los siguientes aspectos: primero, revisar todo lo concerniente en la Constitución sobre los roles y funciones que cumplen las Fuerzas Armadas y Carabineros. La señal que dio el Presidente Sebastián Piñera sobre retomar la tradición democrática de designación y remoción de comandantes en jefe y general director es correcta, pero no es suficiente, toda vez que subsiste una serie de preceptos constitucionales vinculados a la seguridad nacional que, en el contexto actual, no son admisibles.Ello incluye, por ejemplo, eliminar el Consejo de Seguridad Nacional como órgano consultivo del Presidente y donde las instituciones armadas y la policía pueden expresar su opinión sobre “algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional”. Esto choca con la noción de Fuerzas Armadas y de Orden no deliberantes y sujetas al poder civil.Como todos sabemos, los abusos a los Derechos Humanos cometidos por Carabineros en dictadura no dieron paso a una reorganización significativa en democracia. La prueba más palpable de aquello es que, después de la transición, ningún Gobierno se atrevió a tocar uno de los pilares fundamentales en los que se basa su organización: la Ley 19.861 Orgánica Constitucional de Carabineros. Se transfirió la dependencia de la policía uniformada del Ministerio de Defensa a Interior, pero no se afectó en nada su organización básica que, de acuerdo a dicha norma, es de una policía militar.En segundo lugar, un acuerdo nacional implica abordar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, lo que incluye aspectos tales como revisar el carácter militar de esta institución, transformándola en una policía jerárquica y profesional de carácter civil, como también revisar las cláusulas relativas a educación, organización interna, carrera profesional, régimen previsional y mando, entre otros aspectos.El Gobierno está avanzando en una lógica donde se introducen elementos de control y organización de instituciones civiles a una entidad que, por su naturaleza, es de carácter militar y aquello es un sinsentido. Por ejemplo, no se justifica una estructura con un escalafón de suboficiales y oficiales, se debe revisar la estructura de ascensos basada en antigüedad y no mérito; se debe modificar la atribución del general director de Carabineros para reincorporar personal en retiro; se debe eliminar la aplicación del Código de Justicia Militar a Carabineros, y se debe modificar su autonomía en relación con la educación en los institutos policiales.En tercer lugar, la crisis de Carabineros es en parte fruto de la materialización de un plan de seguridad en la región de La Araucanía que, en este y otros gobiernos, ha probado ser un fracaso. Por lo mismo, cualquier reestructuración debe pasar por un cambio sustantivo en el uso de la fuerza pública en relación con el conflicto que el Estado de Chile tiene en particular con el pueblo mapuche.Si hablamos de un acuerdo nacional en seguridad pública, como mínimo debiésemos comenzar por debatir si es razonable tener una policía de carácter militar en una sociedad que demanda instituciones que prevengan más que reprimir; que sean sensibles a los contextos locales más que aplicar procedimientos militares a problemas sociales. Las fuerzas democráticas deben estar a la altura de lo que el pueblo de Chile hoy requiere y, eso, es una fuerza policial subordinada al poder civil, que dé garantías tanto en materia de seguridad pública como de Derechos Humanos. Hemos esperado demasiado. Ahora es cuando.El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
 

OPINIÓN


Sancionar el negacionismo: un imperativo ético y jurídicopor  16 enero, 2019De acuerdo al derecho internacional, la libertad de expresión no es un derecho humano absoluto, sino que admite limitaciones y restricciones. Efectivamente, el derecho a la honra y dignidad de las personas –establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos– prima por sobre la libertad de expresión. Y la Convención Americana de Derechos Humanos así lo ratifica, al establecer en su artículo 13, n.° 5, la prohibición de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. A mayor abundamiento, la legislación penal común sanciona el delito de injurias y calumnias.
Terminada la dictadura cívico-militar e iniciada la transición –después de 17 años de aplicación de una política de exterminio nunca antes conocida en nuestra historia–, la comunidad internacional comenzó a exigir del Estado chileno el pleno esclarecimiento de los crímenes cometidos, la aplicación de la sanción penal a los responsables, así como una debida reparación a las víctimas y sobrevivientes, junto con el establecimiento de garantías de no repetición que permitieran el Nunca Más. Todos, elementos propios de la denominada justicia transicional.La sanción del negacionismo –a través de un proyecto de ley en actual discusión parlamentaria– se inscribe en la necesidad de resguardar debidamente la memoria de las víctimas y como un aporte indiscutido a la tarea de evitar la repetición de la trágica experiencia vivida por el pueblo chileno.Así, por lo demás, lo han hecho todas las sociedades civilizadas que han conocido la barbarie y el exterminio como métodos de acción política para imponer proyectos totalitarios contrarios a los Derechos Humanos. Francia, Bélgica, Alemania e Israel, entre otros, establecieron en sus respectivas legislaciones nacionales la sanción al negacionismo y a los discursos de odio.En Chile, quienes se oponen a su sanción, arguyen equivocadamente que se estaría vulnerando con ello la libertad de expresión.De acuerdo al derecho internacional, la libertad de expresión no es un derecho humano absoluto, sino que admite limitaciones y restricciones. Efectivamente, el derecho a la honra y dignidad de las personas –establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos– prima por sobre la libertad de expresión. Y la Convención Americana de Derechos Humanos así lo ratifica, al establecer en su artículo 13, n.° 5, la prohibición de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. A mayor abundamiento, la legislación penal común sanciona el delito de injurias y calumnias.Y nadie puede discutir que la negación de los crímenes contra la humanidad, consignados en los cuatro informes oficiales del Estado de Chile, constituyen una grave ofensa a la memoria y a la dignidad de las víctimas y sus familiares.Lamentamos que quienes invocan la libertad de expresión como argumento, nada hayan dicho del último informe emitido en al año 2015 por el relator del Sistema Interamericano encargado de supervisar su debido cumplimiento, que consignó que la falta de pluralismo informativo en Chile, producto de la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, constituía una grave vulneración de la libertad de expresión en nuestro país.Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, que avala la legitimidad del proyecto de ley que sanciona el negacionismo, creemos que quienes se oponen a este proyecto de ley pretenden eludir el debate de fondo sobre esta materia.Estas graves omisiones e incumplimientos por parte del Estado de Chile de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos, ha facilitado la aparición de voces negacionistas y de movimientos políticos neofascistas que, a través de su actuar, agravian la memoria de las víctimas al negar los crímenes cometidos en dictadura y reivindicar a sus autores, cuyos cultores no solo gozan de las más completa impunidad, sino que además disponen de una permanente tribuna en los medios de comunicación.En efecto, el proyecto que sanciona el negacionismo sería innecesario si el Estado de Chile hubiera cumplido con sus obligaciones internacionales, consistentes en la adopción de políticas y medidas necesarias y suficientes que garantizaran efectivamente el Nunca Más.Tal como lo hemos señalado reiteradamente, diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile señalan la obligación de establecer la verdad, hacer justicia, otorgar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de los crímenes cometidos.Así, por lo demás, lo reconoció el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –conocida como Comisión Rettig–, que entre sus recomendaciones consignó como medidas de prevención la creación de un ambiente cultural verdaderamente respetuoso de los Derechos Humanos, donde la enseñanza de los DDHH en la educación formal, no formal e informal, fuera el soporte imprescindible para el cumplimiento de este propósito. Fundamentaban esta recomendación en lo exigido por el artículo 26, n.° 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que la educación tendrá por objeto el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales.Además, establecía como medidas necesarias para el Nunca Más, la existencia de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública comprometidas a ejercer sus funciones de modo plenamente concordante con la obligación de respetar los Derechos Humanos, un Poder Judicial que cumpla efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas, la creación de una institución autónoma e independiente del poder estatal, como el Defensor del Pueblo, que protegiera los derechos de los ciudadanos. También recomendaba la adecuación del ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional de los DDHH.Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas por parte del Estado chileno es muy precario, absolutamente insuficiente y en ciertos aspectos relevantes, totalmente inexistente. Seguimos con una institucionalidad heredada de la dictadura, con una Constitución Política ilegítima que impide el pleno ejercicio de la soberanía popular a través de instituciones antidemocráticas y contrarias a los Derechos Humanos, como el Tribunal Constitucional; no hay formación en DDHH en los establecimientos educacionales ni en las Fuerzas Armadas. Un Poder Judicial que, salvo en situaciones excepcionales, otorga libertades condicionales a criminales de lesa humanidad. Y todavía tenemos los denominados “cómplices pasivos” que siguen ejerciendo cargos de poder, tanto políticos como económicos, cuya tarea principal es defender el statu quo.Y en materia de Verdad y Justicia, aún hay 1.124 compatriotas que tienen la calidad de detenidos desaparecidos y solo un puñado de criminales de lesa humanidad permanecen recluidos, muchos de ellos con penas irrisorias, no proporcionales a la gravedad de los ilícitos cometidos.Estas graves omisiones e incumplimientos por parte del Estado de Chile de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos, ha facilitado la aparición de voces negacionistas y de movimientos políticos neofascistas que, a través de su actuar, agravian la memoria de las víctimas al negar los crímenes cometidos en dictadura y reivindicar a sus autores, cuyos cultores no solo gozan de las más completa impunidad, sino que además disponen de una permanente tribuna en los medios de comunicación.En estas circunstancias, la aprobación de este proyecto de ley resulta imprescindible para el Nunca Más, a la vez que constituye una innegable contribución a la imperiosa necesidad de poner freno al neofascismo emergente.El mundo social y político que adhiere a la necesidad del Nunca Más, debiera trabajar unido en pos de una cultura por los Derechos Humanos, exigiendo al Estado y a sus tres poderes el debido cumplimiento de sus obligaciones, única forma de avanzar hacia el establecimiento de una sociedad democrática fundada en el pleno respeto de los DDHH, que es el verdadero anhelo mayoritario de la sociedad chilena.El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
 

16 de enero reconstitucion de escena caso Yenny Barra Rosales .

Susana Ximena Barra RosalesMañana miercoles16 de enero reconstitucion de  escena caso Yenny Barra Rosales .
Su primera detencion donde es llevada por efectivos de la escuela de Infanteria de San Bernardo con rumbo al cerro chena....los datos de yenny y sus compañeras fueron entregados en esa epoca por la directora del liceo de niñas de San Bernardo en ese entonces Nelida Rosas.....despues de 8 meses desaparecida y sin tener nocias de ella es dejada en libertad.
Donde se retoma sus estudios ya en la universidad catolica y comienza a militar en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR
En octubre del año 1977 es detenida desde la plaza Guarello .
Despues de 35 años un fragmento oseo es devuelto a su familia.
Aun exijimos justicia...no olvidamos!!
No perdonamos!!!....

 

EN CHILE CARABINEROS NO RESPETA A LA PRENSA INDEPENDIENTE.

Gabriela Cruz Cuevas y 3 personas más compartieron una publicación.AFI Los RiosMe gusta esta página· Denunciamos la agresión de parte de carabineros a fotógrafo de afi los ríos, compañero Cristian Gonzalez.
 
Además de Fuente-Alba, los que también se vieron beneficiados con esta "mesada" eran Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta Ferrer y Humberto Oviedo.Por  16 de enero de 2019     En medio de la investigación por enriquecimiento ilícito del general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI reveló un dato que, hasta el minuto, se desconocía.Una fuente cercana al caso aseguró que el documento detalla que los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército recibían mensualmente, mientras ejercían el cargo, $10 millones para los gastos de la casa fiscal que la misma institución les asignaba en virtud de su cargo, consignó La Segunda.Según detalla, los dineros provenían de los “gastos reservados”, fondo que se le asigna anualmente a distintas reparticiones para trabajar con un presupuesto al que no se le rinden detalles, en materias de seguridad nacioanl e inteligencia. De hecho, para el Ejército, dicho fondos superan los 2 mil millones de pesos.Los diez millones de pesos destinados a Fuente-Alba se utilizaron en el pago de servicios básicos como el agua, luz, gas, internet, servicio doméstico, alimentación de todos los que habitan en la casa, regalos para las visitas, regalos de cumpleaños, regalos para los nietos, champaña y un violinista, que fue contratado para amenizar encuentros.Además de Fuente-Alba, los que también se vieron beneficiados con esta “mesada” eran Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta Ferrer y Humberto Oviedo.
 

PULSO SINDICAL Nº 371 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019


El equipo del Pulso Sindical quiere desear un buen año 2019 a todos y todas,  manteniendo firme la convicción de que en algún momento del proceso de venta de fuerza de trabajo, los abusados se darán cuenta del daño que les hace no conocer sobre sus derechos y se pondrán a la tarea de educarse, para luego construir el instrumento que les dignifique y les guie en la lucha por su dignificación  Desde siempre ha habido explotación y para salir de ella los trabajadores han pagado costos. Que nada nos arredre en la búsqueda del cambio y la justicia social.Sepan todos y cada uno de quienes nos leen y difunden, que pueden y deben contar con la CGT y la Central Clasista de Trabajadores  y Trabajadoras para avanzar en este empeño.
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El sábado 5 de Enero de 2019 quedará marcado como el momento aquel en que patrones y renegados del sindicalismo - ansiosos de exposición mediática - presentaron las conclusiones del proceso al que fueron convocados meses antes por Sebastian Piñera y que tenía como objetivos definidos, según el gobierno,  “analizar los desafíos en materia de modernización del mercado laboral y nuevas formas de empleo y realizar propuestas  en esa línea” (El Mercurio, pagina B 4 del 5-1-2019).¿Con que moral se permiten hablar de modernización del mercado laboral, mientras millones de asalariados son tratados casi como esclavos?Es claro que representantes patronales y sindicales miran para el lado, sin reconocer a estos millares de trabajadores a quienes el Estado no entrega siquiera la posibilidad de un control rápido y expedito a las violaciones de sus derechos, que regularmente están siendo denunciadas.Ni una sola línea en la larga perorata a la que nos tienen acostumbrados esta comisiones gubernamentales - y que desconocen el mundo real -  para proponer o al menos sugerir correcciones a las leyes laborales que son una mugre desde mucho antes de 1990.No hay la más mínima autocrítica al mal trato evidente al que se somete a los migrantes y a los mal llamados “a honorarios”. Unos y otros vendedores de fuerza de trabajo, a quienes por la vía de subterfugios varios, se les quiere privar incluso de ser reconocidos como trabajadores para así negarles las miserables garantías que provee la mala legislación vigente.Miles son los extranjeros que están desarrollando labores en oficios diversos, en distintas regiones del país, mientras sobreviven hacinados privados incluso de agua y luz.En muchos casos trabajan jornadas de 12 y más horas diarias, con sueldos inferiores al mínimo legal, desprotegidos en salud y previsión e incluso sin un descanso adecuado.Esta es la modernización laboral que promueve la patronal y que no se atreve a denunciar el sindicalismo obsecuente.
Son miles los compatriotas que cumplen labores en distintas reparticiones municipales y estales por años, algo que también se vive en la empresa privada.Disfrutan del beneficio de vacaciones, a muchos se les paga la previsión mensual y tienen claramente definida la relación de dependencia. Y sin embargo son echados a la calle sin ninguna indemnización y /o compensación por los años servidos¿Porque? Porque trabajan a honorarios. Una palabra, un término acuñado por la modernidad, cuya definición no aparece en parte alguna en el Código del Trabajo.Otra muestra más de lo que entiende el capital por modernización laboral.El artículo 3 letra b) del Código Laboral dice que: “Trabajador es toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación  y en virtud de un contrato de trabajo”.Según lo entendemos, y así también lo han expresado muchos abogados, el trabajo a honorarios es algo esporádico, de corta duración, por el que regularmente se da boleta de servicios. Implica una relación  de “prestación de servicios”  que no tiene el signo de la dependencia. Y sin embargo, a muchos se les despide luego de años de trabajar en un lugar y deben hacer todo un proceso para probar su condición de trabajadores y ser indemnizados. ¿El elemento común para muchos de estos casos?No existe contrato de trabajo, por lo tanto no son trabajadores y no les asiste ningún  derecho.  ¿No será demasiado la modernidad que nos proponen?
Ambos casos, trabajo de migrantes y honorarios - y sin desconocer a un gran porcentaje de trabajadores que presta servicios en micro y pequeñas empresas y que carecen casi completamente de derechos (sindicalización y negociación colectiva como los más importantes) -  más parecen resultado de una política de sometimiento que fruto de diálogos y acuerdos entre partes. Desde los inicios de la revolución industrial, los que tienen el capital y controlan los Estados han abogado por una liberalidad total. En función de ella pusieron y sacaron gobiernos y solo la revolución bolchevique triunfante los obligó a constituir la OIT y morigerar la explotación. Las fuerzas de los trabajadores organizados, peligrosamente comenzaron a poner oídos al discurso del capital - libertad o totalitarismo – y terminaron fragmentadas. Desde entonces comenzó el retroceso y la pérdida de derechos.Para los patrones esto se llama modernidad y libertad, no importa si la deben instalar con golpes de estado u otros artilugios. Cuentan con todo un aparato dispuesto para ello
Por eso resulta torpe, estúpido y hasta traicionero, el paso dado por estas Centrales sindicales que acudieron al llamado de Piñera, mismo error que ya habían cometido junto a la otra Central cuando por omisión valoraron las reformas laborales de la Nueva Mayoría.No hay posibilidad alguna de mejorar las leyes laborales mientras se siga creyendo que modernizar es el equivalente a renuncia.¿Que acaso son retrógrados aquellos que abogan por una jornada de 40 horas distribuidas en 5 días, que demandan ingreso mínimo digno y suficiente para satisfacer necesidades fundamentales de la familia (alimentación, vivienda, vestuario, gas agua y luz, locomoción diaria, entre otras), que reclaman acceso a recreación y descanso, pensiones dignas?Mucha atención trabajadores. Los patrones y sus gobiernos, se han servido de estos yanaconas para hacernos creer que modernidad implica renuncia, que mejoras en las relaciones laborales es igual a Códigos del Trabajo minimalistas.
Hay que comenzar la ofensiva contra el consumo exacerbado y el individualismo.Aprender de nuestros deberes y derechos entendiendo que somos seres humanos que esperan que los adelantos científico técnicos nos mejoren la vida y la hagan más digna y justa.Eso y no otra cosa es para nosotros la modernidad.       CONTINUARA
MANUEL AHUMADA LILLO Secretario CGT CHILE
 
Miércoles 16 de enero 2019

(SEGUNDA PARTE.)"En un salón de pleno repleto, la Corte Suprema realizó hoy –miércoles 16 de enero– el seminario: "Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección", destinado a analizar la labor de los tribunales del país en materia de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y los avances en materia de derechos laborales.En el encuentro, el Poder Judicial informa que entre 2002 y 2018, se han dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad. De ellas 394 corresponden a materias penales y 53, civiles. Cifra que desglosada por delitos muestra que 175 fallos corresponden a secuestro calificado; 108 a homicidio calificado; 50 a homicidio simple; 37 a secuestro simple; 16 por detención ilegal y nueve por torturas, entre otros. Periodo en que se acogieron, además, 217 demandas de indemnización de perjuicios por un monto total que bordea los 55 mil millones de pesos.Actualmente, siete ministros en visita están investigando delitos de lesa humanidad en todo el país. Entre 2014 y 2018 se han fallado 353 causas en primera instancia. En 2018 se cerraron 151 sumarios 8 investigaciones), se dictaron 72 acusaciones en contra de 322 ciudadanos. Además, se iniciaron 245 nuevas causas con 57 autos de procesamientos, lo que se traduce en 191 personas sometidas a proceso"Javiera Campos
Investigadora de Desclasificación PopularVER VIDEO AQUIYOUTUBE.COMSeminario Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección. Parte 2Exponen Gloria Ana Chevesich, ministra de la Corte Suprema; Bárbara Figueroa, presidenta de la…
 
Miércoles 16 de enero 2019

(PRIMERA PARTE.)"En un salón de pleno repleto, la Corte Suprema realizó hoy –miércoles 16 de enero– el seminario: "Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección", destinado a analizar la labor de los tribunales del país en materia de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y los avances en materia de derechos laborales.En el encuentro, el Poder Judicial informa que entre 2002 y 2018, se han dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad. De ellas 394 corresponden a materias penales y 53, civiles. Cifra que desglosada por delitos muestra que 175 fallos corresponden a secuestro calificado; 108 a homicidio calificado; 50 a homicidio simple; 37 a secuestro simple; 16 por detención ilegal y nueve por torturas, entre otros. Periodo en que se acogieron, además, 217 demandas de indemnización de perjuicios por un monto total que bordea los 55 mil millones de pesos.Actualmente, siete ministros en visita están investigando delitos de lesa humanidad en todo el país. Entre 2014 y 2018 se han fallado 353 causas en primera instancia. En 2018 se cerraron 151 sumarios 8 investigaciones), se dictaron 72 acusaciones en contra de 322 ciudadanos. Además, se iniciaron 245 nuevas causas con 57 autos de procesamientos, lo que se traduce en 191 personas sometidas a proceso"Javiera Campos
Investigadora de Desclasificación PopularVER VIDEOS AQUIYOUTUBE.COMSeminario Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección. Parte 1Presenta presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y exponen el ministro Lamberto Cisternas;…