Sindicato ARI

Por Erik López 

15 enero 2019Compartir en:  Facebook  Twitter  LinkedInPor Mario López M.No es habitual que, fuera de protocolo o fechas importantes para la República, los integrantes de la Corte Suprema y el Presidente de la República se reunan. Menos en privado. Todavía menos ocurrente es que se inmiscuya un Poder del Estado en las materias que la Constitución y la Ley, les reservan de manera exclusiva al otro.Sin embargo, eso pareciera no contar para Sebastián Piñera, que hace un par de días se reunió en el Palacio de La Moneda con la mayoría de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. La reunión, ya inusual, dio paso a un momento insólito e impropio, como consecuencia de una imprudencia presidencial: en medio de la reunión, les llamó la atención y pidió explicaciones, por los fallos de ese tribunal que han acogido demandas para que se le cubran tratamientos costosos a personas afectadas por extrañas enfermedades no cubiertas por la Ley Ricarte Soto.El comentario del Mandatario, dejó perplejos a los ministros de la Suprema y generó un ambiente incómodo que no pudo despejarse, señalan fuentes cercanas a tribunales a nuestro medio.De pronto Piñera interrumpió las conversaciones e increpó a los ministros del Poder Judicial allí presentes: qué pasa con sus fallos en materias relativas a la salud, les preguntó en un tono poco convencional y menos agradable, qué pasa con las personas sin curabilidad para sus enfermedades o que sufren extrañas patologías, cuestionó. Por qué las tiene que pagar el Estado, dijo, esperando una respuesta que no obtuvo.Ante ello les dijo, molesto: "Pretenden quebrar al Estado". De ahí en adelante, la reunión continuó en un tenso ambiente, reconocen.Uno de los últimos fallos de la Corte Suprema ordenó financiar el medicamento para un mal poco común, pese a no estar incluido en la Ley Ricarte Soto: el Tribunal estimó que "el derecho a la vida y la integridad física prevalecen sobre las restricciones presupuestarias". No deja de llamar la atención que un Poder del Estado pretenda inmiscuirse, contrariando la Constitución, en las decisiones y ámbitos de competencia de otro. Pero más delo legal, llama la atención la indolencia de negarles atención a personas enfermas y sí se den el lujo de gastar 14 millones en un almuerzo para los ministros del Gabinete, incluido Piñera, o comprarles costosos autos eléctricos, o bien adquirir una suntuaria televisión para la casa de veraneo de Cerro Castillo o bien sillones millonarios para el ministro del Interior.Qué decir de los sueldos altísimos que se le pagan a decenas de familiares del propio Presidente y de algunos de sus ministros y colaboradores más cercanos, como los más de 10 millones que se le pagaban mensualmente a la hija de su socio como encargada de negocios en Nueva York, pese a no tener ninguna preparación al efecto, por lo que debió renunciar.Imprudencia frente a la Corte Suprema e indolencia, frente a los enfermos. Foto de la Presidencia de la República que da cuenta de la reunión sostenida este jueves en el Palacio de La Moneda.

MARTES 15 DE ENERO 2019
Manuel Ahumada LilloPara Santibañez, Boric y todoslos que se andan disculpandoJaime Guzmán fue autor y promotor intelectual del terrorismo llevado adelante por Patria y Libertad y el Rolando Matus en tiempos del gobierno popular.
Apadrino y guió intelectualmente a camioneros y colegios profesionales que promovieron, junto a políticos de la CODE (Democracia Cristiana y P Nacional, hoy RN) el cruento golpe militar de 1973 Fue el guía espiritual de acaparadores y promotores del desabastecimiento, generadores de campañas del terror, atacantes de día claro de los avances del gobierno popular.Jaime Guzmán fue el padre de todas las violaciones de derechos humanos aplicadas por la dictadura, que él y sus discípulos ayudaron a instalar.
Son responsables de cientos de fusilamientos, miles de ejecutados y desaparecidos, millones de torturados que hasta el día de hoy cargan con las secuelas.Este fue Jaime Guzmán, Promotor y defensor del tipo de democracia que aplica el capital en los países que controla
El y todos quienes violaron los derechos humanos, debieron ser juzgados y condenados . Y no estar en Punta Peuco, sino en una cárcel común, cuando no pagar, como los nazis en Nuremberg, con su vida por tanto daño causado.Me gustaComentar

Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la JusticiaMartes 15 de enero 2019¡NO LO OLVIDE! l@s esperamos el 19 de enero 2019 en nuestro 8vo Encuentro de Ex Prisioneras/os Políticas/os de 3 y 4 Álamos, sus Familiares y La Comunidad.

MIÉRCOLES 16 de ENERO 2019HOY LEVANTAMOS NUESTRAS PANCARTAS CON DIGNIDAD POR NUESTROS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS
VUELTA 119 DOS AÑOS DANDO VUELTA POR VERDAD Y JUSTICIA, VIERNES 18 DE ENERO 2019 A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.Me gustaMostrar más reaccionesComentar

Por un Acuerdo Nacional en Seguridad Públicapor Javiera Parada 16 enero, 2019Como mínimo, debiésemos comenzar por debatir si es razonable tener una policía de carácter militar en una sociedad que demanda instituciones que prevengan más que reprimir; que sean sensibles a los contextos locales más que aplicar procedimientos militares a problemas sociales. Las fuerzas democráticas deben estar a la altura de lo que el pueblo de Chile hoy requiere y, eso, es una fuerza policial subordinada al poder civil, que dé garantías tanto en materia de seguridad pública como también de Derechos Humanos. Hemos esperado demasiado. Ahora es cuando.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, al concurrir al Congreso por la solicitud de remoción del ex general director de Carabineros Hermes Soto, reconoció que la institución uniformada se encuentra en una “grave crisis”, destacó que esta situación requería convertirse en una oportunidad y dijo advertir un ambiente positivo para construir un acuerdo nacional en un tema donde no se podía esperar.La gravedad de esta crisis ya nadie la cuestiona y aquello es un primer paso en una institución que tiene un oscuro récord histórico. Como todos sabemos, los abusos a los Derechos Humanos cometidos por Carabineros en dictadura no dieron paso a una reorganización significativa en democracia. La prueba más palpable de aquello es que, después de la transición, ningún Gobierno se atrevió a tocar uno de los pilares fundamentales en los que se basa su organización: la Ley 19.861 Orgánica Constitucional de Carabineros. Se transfirió la dependencia de la policía uniformada del Ministerio de Defensa a Interior, pero no se afectó en nada su organización básica que, de acuerdo a dicha norma, es de una policía militar.Al mismo tiempo, durante el último año hemos sido testigos de graves faltas a la probidad al interior de la institución, con millones de pesos robados a las arcas fiscales por funcionarios de la institución. Si bien no existe una vinculación directa con los resultados en seguridad pública, estos problemas sí afectan directamente la percepción que la ciudadanía tiene sobre su policía y esto, ciertamente, incide en su desempeño en materia de seguridad.Entonces, si estamos dispuestos a hablar de un acuerdo nacional en materia de seguridad pública, se requiere poner todas las cartas sobre la mesa y, para ello, propongo que se incluyan los siguientes aspectos: primero, revisar todo lo concerniente en la Constitución sobre los roles y funciones que cumplen las Fuerzas Armadas y Carabineros. La señal que dio el Presidente Sebastián Piñera sobre retomar la tradición democrática de designación y remoción de comandantes en jefe y general director es correcta, pero no es suficiente, toda vez que subsiste una serie de preceptos constitucionales vinculados a la seguridad nacional que, en el contexto actual, no son admisibles.Ello incluye, por ejemplo, eliminar el Consejo de Seguridad Nacional como órgano consultivo del Presidente y donde las instituciones armadas y la policía pueden expresar su opinión sobre “algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional”. Esto choca con la noción de Fuerzas Armadas y de Orden no deliberantes y sujetas al poder civil.Como todos sabemos, los abusos a los Derechos Humanos cometidos por Carabineros en dictadura no dieron paso a una reorganización significativa en democracia. La prueba más palpable de aquello es que, después de la transición, ningún Gobierno se atrevió a tocar uno de los pilares fundamentales en los que se basa su organización: la Ley 19.861 Orgánica Constitucional de Carabineros. Se transfirió la dependencia de la policía uniformada del Ministerio de Defensa a Interior, pero no se afectó en nada su organización básica que, de acuerdo a dicha norma, es de una policía militar.En segundo lugar, un acuerdo nacional implica abordar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, lo que incluye aspectos tales como revisar el carácter militar de esta institución, transformándola en una policía jerárquica y profesional de carácter civil, como también revisar las cláusulas relativas a educación, organización interna, carrera profesional, régimen previsional y mando, entre otros aspectos.El Gobierno está avanzando en una lógica donde se introducen elementos de control y organización de instituciones civiles a una entidad que, por su naturaleza, es de carácter militar y aquello es un sinsentido. Por ejemplo, no se justifica una estructura con un escalafón de suboficiales y oficiales, se debe revisar la estructura de ascensos basada en antigüedad y no mérito; se debe modificar la atribución del general director de Carabineros para reincorporar personal en retiro; se debe eliminar la aplicación del Código de Justicia Militar a Carabineros, y se debe modificar su autonomía en relación con la educación en los institutos policiales.En tercer lugar, la crisis de Carabineros es en parte fruto de la materialización de un plan de seguridad en la región de La Araucanía que, en este y otros gobiernos, ha probado ser un fracaso. Por lo mismo, cualquier reestructuración debe pasar por un cambio sustantivo en el uso de la fuerza pública en relación con el conflicto que el Estado de Chile tiene en particular con el pueblo mapuche.Si hablamos de un acuerdo nacional en seguridad pública, como mínimo debiésemos comenzar por debatir si es razonable tener una policía de carácter militar en una sociedad que demanda instituciones que prevengan más que reprimir; que sean sensibles a los contextos locales más que aplicar procedimientos militares a problemas sociales. Las fuerzas democráticas deben estar a la altura de lo que el pueblo de Chile hoy requiere y, eso, es una fuerza policial subordinada al poder civil, que dé garantías tanto en materia de seguridad pública como de Derechos Humanos. Hemos esperado demasiado. Ahora es cuando.El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Sancionar el negacionismo: un imperativo ético y jurídicopor Carlos Margotta 16 enero, 2019De acuerdo al derecho internacional, la libertad de expresión no es un derecho humano absoluto, sino que admite limitaciones y restricciones. Efectivamente, el derecho a la honra y dignidad de las personas –establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos– prima por sobre la libertad de expresión. Y la Convención Americana de Derechos Humanos así lo ratifica, al establecer en su artículo 13, n.° 5, la prohibición de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. A mayor abundamiento, la legislación penal común sanciona el delito de injurias y calumnias.
Terminada la dictadura cívico-militar e iniciada la transición –después de 17 años de aplicación de una política de exterminio nunca antes conocida en nuestra historia–, la comunidad internacional comenzó a exigir del Estado chileno el pleno esclarecimiento de los crímenes cometidos, la aplicación de la sanción penal a los responsables, así como una debida reparación a las víctimas y sobrevivientes, junto con el establecimiento de garantías de no repetición que permitieran el Nunca Más. Todos, elementos propios de la denominada justicia transicional.La sanción del negacionismo –a través de un proyecto de ley en actual discusión parlamentaria– se inscribe en la necesidad de resguardar debidamente la memoria de las víctimas y como un aporte indiscutido a la tarea de evitar la repetición de la trágica experiencia vivida por el pueblo chileno.Así, por lo demás, lo han hecho todas las sociedades civilizadas que han conocido la barbarie y el exterminio como métodos de acción política para imponer proyectos totalitarios contrarios a los Derechos Humanos. Francia, Bélgica, Alemania e Israel, entre otros, establecieron en sus respectivas legislaciones nacionales la sanción al negacionismo y a los discursos de odio.En Chile, quienes se oponen a su sanción, arguyen equivocadamente que se estaría vulnerando con ello la libertad de expresión.De acuerdo al derecho internacional, la libertad de expresión no es un derecho humano absoluto, sino que admite limitaciones y restricciones. Efectivamente, el derecho a la honra y dignidad de las personas –establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos– prima por sobre la libertad de expresión. Y la Convención Americana de Derechos Humanos así lo ratifica, al establecer en su artículo 13, n.° 5, la prohibición de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. A mayor abundamiento, la legislación penal común sanciona el delito de injurias y calumnias.Y nadie puede discutir que la negación de los crímenes contra la humanidad, consignados en los cuatro informes oficiales del Estado de Chile, constituyen una grave ofensa a la memoria y a la dignidad de las víctimas y sus familiares.Lamentamos que quienes invocan la libertad de expresión como argumento, nada hayan dicho del último informe emitido en al año 2015 por el relator del Sistema Interamericano encargado de supervisar su debido cumplimiento, que consignó que la falta de pluralismo informativo en Chile, producto de la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, constituía una grave vulneración de la libertad de expresión en nuestro país.Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, que avala la legitimidad del proyecto de ley que sanciona el negacionismo, creemos que quienes se oponen a este proyecto de ley pretenden eludir el debate de fondo sobre esta materia.Estas graves omisiones e incumplimientos por parte del Estado de Chile de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos, ha facilitado la aparición de voces negacionistas y de movimientos políticos neofascistas que, a través de su actuar, agravian la memoria de las víctimas al negar los crímenes cometidos en dictadura y reivindicar a sus autores, cuyos cultores no solo gozan de las más completa impunidad, sino que además disponen de una permanente tribuna en los medios de comunicación.En efecto, el proyecto que sanciona el negacionismo sería innecesario si el Estado de Chile hubiera cumplido con sus obligaciones internacionales, consistentes en la adopción de políticas y medidas necesarias y suficientes que garantizaran efectivamente el Nunca Más.Tal como lo hemos señalado reiteradamente, diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile señalan la obligación de establecer la verdad, hacer justicia, otorgar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de los crímenes cometidos.Así, por lo demás, lo reconoció el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –conocida como Comisión Rettig–, que entre sus recomendaciones consignó como medidas de prevención la creación de un ambiente cultural verdaderamente respetuoso de los Derechos Humanos, donde la enseñanza de los DDHH en la educación formal, no formal e informal, fuera el soporte imprescindible para el cumplimiento de este propósito. Fundamentaban esta recomendación en lo exigido por el artículo 26, n.° 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que la educación tendrá por objeto el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales.Además, establecía como medidas necesarias para el Nunca Más, la existencia de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública comprometidas a ejercer sus funciones de modo plenamente concordante con la obligación de respetar los Derechos Humanos, un Poder Judicial que cumpla efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas, la creación de una institución autónoma e independiente del poder estatal, como el Defensor del Pueblo, que protegiera los derechos de los ciudadanos. También recomendaba la adecuación del ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional de los DDHH.Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas por parte del Estado chileno es muy precario, absolutamente insuficiente y en ciertos aspectos relevantes, totalmente inexistente. Seguimos con una institucionalidad heredada de la dictadura, con una Constitución Política ilegítima que impide el pleno ejercicio de la soberanía popular a través de instituciones antidemocráticas y contrarias a los Derechos Humanos, como el Tribunal Constitucional; no hay formación en DDHH en los establecimientos educacionales ni en las Fuerzas Armadas. Un Poder Judicial que, salvo en situaciones excepcionales, otorga libertades condicionales a criminales de lesa humanidad. Y todavía tenemos los denominados “cómplices pasivos” que siguen ejerciendo cargos de poder, tanto políticos como económicos, cuya tarea principal es defender el statu quo.Y en materia de Verdad y Justicia, aún hay 1.124 compatriotas que tienen la calidad de detenidos desaparecidos y solo un puñado de criminales de lesa humanidad permanecen recluidos, muchos de ellos con penas irrisorias, no proporcionales a la gravedad de los ilícitos cometidos.Estas graves omisiones e incumplimientos por parte del Estado de Chile de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos, ha facilitado la aparición de voces negacionistas y de movimientos políticos neofascistas que, a través de su actuar, agravian la memoria de las víctimas al negar los crímenes cometidos en dictadura y reivindicar a sus autores, cuyos cultores no solo gozan de las más completa impunidad, sino que además disponen de una permanente tribuna en los medios de comunicación.En estas circunstancias, la aprobación de este proyecto de ley resulta imprescindible para el Nunca Más, a la vez que constituye una innegable contribución a la imperiosa necesidad de poner freno al neofascismo emergente.El mundo social y político que adhiere a la necesidad del Nunca Más, debiera trabajar unido en pos de una cultura por los Derechos Humanos, exigiendo al Estado y a sus tres poderes el debido cumplimiento de sus obligaciones, única forma de avanzar hacia el establecimiento de una sociedad democrática fundada en el pleno respeto de los DDHH, que es el verdadero anhelo mayoritario de la sociedad chilena.El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Susana Ximena Barra RosalesMañana miercoles16 de enero reconstitucion de  escena caso Yenny Barra Rosales .
Su primera detencion donde es llevada por efectivos de la escuela de Infanteria de San Bernardo con rumbo al cerro chena....los datos de yenny y sus compañeras fueron entregados en esa epoca por la directora del liceo de niñas de San Bernardo en ese entonces Nelida Rosas.....despues de 8 meses desaparecida y sin tener nocias de ella es dejada en libertad.
Donde se retoma sus estudios ya en la universidad catolica y comienza a militar en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR
En octubre del año 1977 es detenida desde la plaza Guarello .
Despues de 35 años un fragmento oseo es devuelto a su familia.
Aun exijimos justicia...no olvidamos!!
No perdonamos!!!....

Gabriela Cruz Cuevas y 3 personas más compartieron una publicación.AFI Los RiosMe gusta esta página· Denunciamos la agresión de parte de carabineros a fotógrafo de afi los ríos, compañero Cristian Gonzalez.

Además de Fuente-Alba, los que también se vieron beneficiados con esta "mesada" eran Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta Ferrer y Humberto Oviedo.Por El Dínamo 16 de enero de 2019Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google Compartir en LinkedIn Enviar por WhatsApp Enviar por EmailEn medio de la investigación por enriquecimiento ilícito del general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI reveló un dato que, hasta el minuto, se desconocía.Una fuente cercana al caso aseguró que el documento detalla que los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército recibían mensualmente, mientras ejercían el cargo, $10 millones para los gastos de la casa fiscal que la misma institución les asignaba en virtud de su cargo, consignó La Segunda.Según detalla, los dineros provenían de los “gastos reservados”, fondo que se le asigna anualmente a distintas reparticiones para trabajar con un presupuesto al que no se le rinden detalles, en materias de seguridad nacioanl e inteligencia. De hecho, para el Ejército, dicho fondos superan los 2 mil millones de pesos.Los diez millones de pesos destinados a Fuente-Alba se utilizaron en el pago de servicios básicos como el agua, luz, gas, internet, servicio doméstico, alimentación de todos los que habitan en la casa, regalos para las visitas, regalos de cumpleaños, regalos para los nietos, champaña y un violinista, que fue contratado para amenizar encuentros.Además de Fuente-Alba, los que también se vieron beneficiados con esta “mesada” eran Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta Ferrer y Humberto Oviedo.

El equipo del Pulso Sindical quiere desear un buen año 2019 a todos y todas,  manteniendo firme la convicción de que en algún momento del proceso de venta de fuerza de trabajo, los abusados se darán cuenta del daño que les hace no conocer sobre sus derechos y se pondrán a la tarea de educarse, para luego construir el instrumento que les dignifique y les guie en la lucha por su dignificación  Desde siempre ha habido explotación y para salir de ella los trabajadores han pagado costos. Que nada nos arredre en la búsqueda del cambio y la justicia social.Sepan todos y cada uno de quienes nos leen y difunden, que pueden y deben contar con la CGT y la Central Clasista de Trabajadores  y Trabajadoras para avanzar en este empeño.
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El sábado 5 de Enero de 2019 quedará marcado como el momento aquel en que patrones y renegados del sindicalismo - ansiosos de exposición mediática - presentaron las conclusiones del proceso al que fueron convocados meses antes por Sebastian Piñera y que tenía como objetivos definidos, según el gobierno,  “analizar los desafíos en materia de modernización del mercado laboral y nuevas formas de empleo y realizar propuestas  en esa línea” (El Mercurio, pagina B 4 del 5-1-2019).¿Con que moral se permiten hablar de modernización del mercado laboral, mientras millones de asalariados son tratados casi como esclavos?Es claro que representantes patronales y sindicales miran para el lado, sin reconocer a estos millares de trabajadores a quienes el Estado no entrega siquiera la posibilidad de un control rápido y expedito a las violaciones de sus derechos, que regularmente están siendo denunciadas.Ni una sola línea en la larga perorata a la que nos tienen acostumbrados esta comisiones gubernamentales - y que desconocen el mundo real -  para proponer o al menos sugerir correcciones a las leyes laborales que son una mugre desde mucho antes de 1990.No hay la más mínima autocrítica al mal trato evidente al que se somete a los migrantes y a los mal llamados “a honorarios”. Unos y otros vendedores de fuerza de trabajo, a quienes por la vía de subterfugios varios, se les quiere privar incluso de ser reconocidos como trabajadores para así negarles las miserables garantías que provee la mala legislación vigente.Miles son los extranjeros que están desarrollando labores en oficios diversos, en distintas regiones del país, mientras sobreviven hacinados privados incluso de agua y luz.En muchos casos trabajan jornadas de 12 y más horas diarias, con sueldos inferiores al mínimo legal, desprotegidos en salud y previsión e incluso sin un descanso adecuado.Esta es la modernización laboral que promueve la patronal y que no se atreve a denunciar el sindicalismo obsecuente.
Son miles los compatriotas que cumplen labores en distintas reparticiones municipales y estales por años, algo que también se vive en la empresa privada.Disfrutan del beneficio de vacaciones, a muchos se les paga la previsión mensual y tienen claramente definida la relación de dependencia. Y sin embargo son echados a la calle sin ninguna indemnización y /o compensación por los años servidos¿Porque? Porque trabajan a honorarios. Una palabra, un término acuñado por la modernidad, cuya definición no aparece en parte alguna en el Código del Trabajo.Otra muestra más de lo que entiende el capital por modernización laboral.El artículo 3 letra b) del Código Laboral dice que: “Trabajador es toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación  y en virtud de un contrato de trabajo”.Según lo entendemos, y así también lo han expresado muchos abogados, el trabajo a honorarios es algo esporádico, de corta duración, por el que regularmente se da boleta de servicios. Implica una relación  de “prestación de servicios”  que no tiene el signo de la dependencia. Y sin embargo, a muchos se les despide luego de años de trabajar en un lugar y deben hacer todo un proceso para probar su condición de trabajadores y ser indemnizados. ¿El elemento común para muchos de estos casos?No existe contrato de trabajo, por lo tanto no son trabajadores y no les asiste ningún  derecho.  ¿No será demasiado la modernidad que nos proponen?
Ambos casos, trabajo de migrantes y honorarios - y sin desconocer a un gran porcentaje de trabajadores que presta servicios en micro y pequeñas empresas y que carecen casi completamente de derechos (sindicalización y negociación colectiva como los más importantes) -  más parecen resultado de una política de sometimiento que fruto de diálogos y acuerdos entre partes. Desde los inicios de la revolución industrial, los que tienen el capital y controlan los Estados han abogado por una liberalidad total. En función de ella pusieron y sacaron gobiernos y solo la revolución bolchevique triunfante los obligó a constituir la OIT y morigerar la explotación. Las fuerzas de los trabajadores organizados, peligrosamente comenzaron a poner oídos al discurso del capital - libertad o totalitarismo – y terminaron fragmentadas. Desde entonces comenzó el retroceso y la pérdida de derechos.Para los patrones esto se llama modernidad y libertad, no importa si la deben instalar con golpes de estado u otros artilugios. Cuentan con todo un aparato dispuesto para ello
Por eso resulta torpe, estúpido y hasta traicionero, el paso dado por estas Centrales sindicales que acudieron al llamado de Piñera, mismo error que ya habían cometido junto a la otra Central cuando por omisión valoraron las reformas laborales de la Nueva Mayoría.No hay posibilidad alguna de mejorar las leyes laborales mientras se siga creyendo que modernizar es el equivalente a renuncia.¿Que acaso son retrógrados aquellos que abogan por una jornada de 40 horas distribuidas en 5 días, que demandan ingreso mínimo digno y suficiente para satisfacer necesidades fundamentales de la familia (alimentación, vivienda, vestuario, gas agua y luz, locomoción diaria, entre otras), que reclaman acceso a recreación y descanso, pensiones dignas?Mucha atención trabajadores. Los patrones y sus gobiernos, se han servido de estos yanaconas para hacernos creer que modernidad implica renuncia, que mejoras en las relaciones laborales es igual a Códigos del Trabajo minimalistas.
Hay que comenzar la ofensiva contra el consumo exacerbado y el individualismo.Aprender de nuestros deberes y derechos entendiendo que somos seres humanos que esperan que los adelantos científico técnicos nos mejoren la vida y la hagan más digna y justa.Eso y no otra cosa es para nosotros la modernidad.       CONTINUARA
MANUEL AHUMADA LILLO Secretario CGT CHILE

Miércoles 16 de enero 2019

(SEGUNDA PARTE.)"En un salón de pleno repleto, la Corte Suprema realizó hoy –miércoles 16 de enero– el seminario: "Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección", destinado a analizar la labor de los tribunales del país en materia de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y los avances en materia de derechos laborales.En el encuentro, el Poder Judicial informa que entre 2002 y 2018, se han dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad. De ellas 394 corresponden a materias penales y 53, civiles. Cifra que desglosada por delitos muestra que 175 fallos corresponden a secuestro calificado; 108 a homicidio calificado; 50 a homicidio simple; 37 a secuestro simple; 16 por detención ilegal y nueve por torturas, entre otros. Periodo en que se acogieron, además, 217 demandas de indemnización de perjuicios por un monto total que bordea los 55 mil millones de pesos.Actualmente, siete ministros en visita están investigando delitos de lesa humanidad en todo el país. Entre 2014 y 2018 se han fallado 353 causas en primera instancia. En 2018 se cerraron 151 sumarios 8 investigaciones), se dictaron 72 acusaciones en contra de 322 ciudadanos. Además, se iniciaron 245 nuevas causas con 57 autos de procesamientos, lo que se traduce en 191 personas sometidas a proceso"Javiera Campos
Investigadora de Desclasificación PopularVER VIDEO AQUIYOUTUBE.COMSeminario Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección. Parte 2Exponen Gloria Ana Chevesich, ministra de la Corte Suprema; Bárbara Figueroa, presidenta de la…

Miércoles 16 de enero 2019

(PRIMERA PARTE.)"En un salón de pleno repleto, la Corte Suprema realizó hoy –miércoles 16 de enero– el seminario: "Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección", destinado a analizar la labor de los tribunales del país en materia de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y los avances en materia de derechos laborales.En el encuentro, el Poder Judicial informa que entre 2002 y 2018, se han dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad. De ellas 394 corresponden a materias penales y 53, civiles. Cifra que desglosada por delitos muestra que 175 fallos corresponden a secuestro calificado; 108 a homicidio calificado; 50 a homicidio simple; 37 a secuestro simple; 16 por detención ilegal y nueve por torturas, entre otros. Periodo en que se acogieron, además, 217 demandas de indemnización de perjuicios por un monto total que bordea los 55 mil millones de pesos.Actualmente, siete ministros en visita están investigando delitos de lesa humanidad en todo el país. Entre 2014 y 2018 se han fallado 353 causas en primera instancia. En 2018 se cerraron 151 sumarios 8 investigaciones), se dictaron 72 acusaciones en contra de 322 ciudadanos. Además, se iniciaron 245 nuevas causas con 57 autos de procesamientos, lo que se traduce en 191 personas sometidas a proceso"Javiera Campos
Investigadora de Desclasificación PopularVER VIDEOS AQUIYOUTUBE.COMSeminario Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección. Parte 1Presenta presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y exponen el ministro Lamberto Cisternas;…

¡Este sábado 19 de enero las puertas se abrirán a las 10 horas¡

JUEVES 17 de ENERO 2019HOY LEVANTAMOS NUESTRAS PANCARTAS CON DIGNIDAD POR NUESTROS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS
VUELTA 119 DOS AÑOS DANDO VUELTA POR VERDAD Y JUSTICIA, VIERNES 18 DE ENERO 2019 A LAS 13:00 HORAS MORANDÉ CON ALAMEDA.AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.Me gustaComentar

por Alejandra Vásquez 17 enero, 2019
No sé si es, solamente, por su aspecto delgado acompañado de ese nuevo tono de voz suave y comprensivo, lo que hace ver a Andrés Chadwick como un león sin dientes. O más bien es por lo errático de su actuar político en el asesinato de Camilo Catrillanca, que dista mucho de las capacidades que tanto les gusta auto-atribuirse los hombres en política cuando se llaman “panzers”. Pero cada vez que lo veo en la tele o lo escucho en la radio me da la impresión de que tiene los días contados como ministro. Pienso que es una mezcla de estos dos factores: forma y fondo.Es extraño lo que ha pasado con Andrés Chadwick ya que siendo, quizás, el ministro más cercano y uno de los que más confianza le da al Presidente, también es uno de los más caros de sostener para el Gobierno.Hay que decirlo: el ministro ha demostrado coraje y rapidez a la hora de tomar decisiones. Así lo hizo cuando junto al Presidente, a las horas de haber entrado al gobierno, le pidieron el cargo al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, y nombraron al que sería su sucesor y depositario de las más nobles virtudes de la institución: Hermes Soto. Este último duró alrededor de 8 meses al mando, hasta que le pidieron el cargo con las dificultades que conocemos y que dejara en entredicho la supeditación de la institución al poder civil.Rapidez y decisión no son sus problemas, sino la soberbia y la falta de visión política. Sacaron a Villalobos y pasearon su cabeza por la plaza pública buscando el aplauso fácil, creyendo que el problema de Carabineros era una sola persona; lo sacaron de una manera infantil, haciendo creer que estaban los buenos en un extremo (el Gobierno y Soto) y a los malos al otro (Villalobos y el ex Gobierno de Bachelet). Esto desató una guerra sin precedentes al interior de Carabineros, de la cual todos los días nos sorprendemos con un episodio nuevo. En esta guerra -me temo- Chadwick será el mayor perjudicado.La rapidez en ir a declarar voluntariamente al Ministerio Público, acompañado de una ofensiva comunicacional encabeza por los medios del grupo Edwards -El Mercurio y La Segunda- donde en sendas portadas se mostraba a un ministro investido de un halo de justiciero, cual superhéroe clásico, en busca de “la verdad” en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, indignado por las desinformaciones provenientes de Carabineros y dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, hoy lo tienen atrapado en medio de versiones donde su propia palabra está en entredicho. Según él, la llamada de teléfono del ex general Victtoriano no se escuchaba bien y no supo si Catrillanca estaba armado o no. Menudo error. A la luz de los hechos, pareciera que ir a declarar tan presuroso fue una estrategia de ponerse el parche antes de la herida, frente a lo que se venía.El Presidente de la República en un acto en la escuela de Carabineros, conminaba enérgico a la institución a decir la verdad respecto de los hechos de ese 14 de noviembre de 2018. A fines de año, la ministra vocera, Cecilia Pérez, hizo un mea culpa y aprovechó de contarnos que el Presidente le había enviado una carta a la familia de Camilo Catrillanca, información que fue rápidamente desmentida por la familia.Mantener a Andrés Chadwick es de un tremendo costo para el Gobierno: lo distrae de su agenda, polariza más el ambiente, y vuelve a instalar como concepto característico de Sebastián Piñera y su Gobierno las “noticias falsas”, ya que le falla la memoria para recordar si Carabineros le informó o no sobre si Camilo Catrillanca  estaba armado cuando lo asesinaron.Iniciado el 2019 no sólo nos enteramos que la carta del Presidente a la familia Catrillanca aún no ha llegado -seguro Correos de Chile debe haber estado muy congestionado con las cartas enviadas al Viejito Pascuero-, sino que el mismo 14 de noviembre el vicepresidente Chadwick conversó telefónicamente con el renunciado general Victtoriano y éste le habría informado que no había armas en poder de Camilo Catrillanca y el adolescente que lo acompañaba. El ministro de tono suave y amante de la verdad, supo a las dos horas de sucedido el asesinato que nadie en el tractor estaba armado. No sería nada de raro que luego saliera la hipótesis de que el general (r) Victtoriano es parte de una operación de los malos y que era un infiltrado de Villalobos, algo bien truculento y enredado para ganar tiempo.Pese a que el Presidente había logrado de sacar el tema del asesinato de Catrillanca de La Moneda y dejarlo en Carabineros, ha sido su propio ministro quien nuevamente lo instala en pleno Patio de los Naranjos, imagen con la que todos nos quedaremos al salir de vacaciones.Mantener a Andrés Chadwick es de un tremendo costo para el Gobierno: lo distrae de su agenda, polariza más el ambiente (¿cómo queda su credibilidad y trato frente a Carabineros y las comunidades?); tercero, pierde valor como interlocutor en la Región de la Araucanía; cuarto, ha descuidado su rol de “comisario” sosteniendo la seguridad prometida a los vecinos y en estos  días ha habido muertes en poblaciones y un sinfín de portonazos y bombazos; quinto, vuelve a instalar como concepto característico de Sebastián Piñera y su Gobierno las “noticias falsas”, ya que le falla la memoria para recordar si Carabineros le informó o no sobre si Camilo estaba armado cuando lo asesinaron.En conclusión, tenemos un jefe de gabinete que no tiene las condiciones para ejercer su rol a plenitud como lo necesita cualquier Gobierno, que en vez de ampliar su universo de acción lo ha limitado, que a pesar de su persistente actuación como un ser humilde y amante de la verdad y la justicia, en sus hechos no convence. Me acuerdo de ese dicho popular que calza perfecto para el ministro: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

por Felipe Saleh 17 enero, 2019El gremio está en contra de la figura estrella del proyecto del Gobierno, los "fedatarios", que se cruza con otra iniciativa de ley mucho más avanzada, la firma electrónica, y que abriría un negocio para grandes empresas de tecnología, como una filial de Sonda, fundada por Andrés Navarro, antiguo amigo de Presidente Piñera.
“Como habrán notado las diputadas y los diputados, los notarios están muy activos enviando minutas en relación con el proyecto, porque este es el comienzo de la regulación del negocio notarial en Chile. La reforma relacionada con los notarios es como la resurrección de Juan Gabriel: viene, se posterga y se posterga, pero no llega nunca”, dijo el 18 de diciembre, en la Sala de la Cámara Baja, el diputado Renato Garín (RD)Pero ese día no se estaba discutiendo el proyecto del Gobierno para reformar las condiciones en las que operan los notarios, conservadores y archiveros judiciales, sino otra iniciativa ingresada en 2012 –durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera–, que busca implementar modificaciones al sistema de firma electrónica,  particularmente la Firma Electrónica Avanzada.Este proyecto está mucho más avanzado, en tercer trámite legislativo, y es parte fundamental de la amenaza que ven los notarios en las modificaciones que se tramitan en el Congreso. Si se aprueba tal como está, es la base para que entre competencia al mercado. Específicamente los “fedatarios”, que son notarios con menos funciones y que podrían saturar el mercado, según acusan los detractores de la iniciativa. La iniciativa que fortalece la firma electrónica es vital para que pueda implementarse la reforma al sistema registral y de fe pública.En los últimos días, el tema ha generado controversia desde que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, admitió públicamente que el gremio de notarios estaba ejerciendo un "lobby feroz". El abogado de la Asociación de Notarios, Juan Carlos Márquez, no niega las gestiones en el marco de la ley y aclara que el gremio está a favor de modernizar el actual panorama."En general, el gremio está con la modernización del sistema, sin comprometer la fe pública ni la certeza jurídica. También apoya la acreditación de competencias y la mejora en el ingreso al sistema notarial, con exámenes de mérito. No nos oponemos a la digitalización y modernización de sistemas en línea, sin repetir repositorios digitales. Tampoco estamos en contra de la introducción de trámites y firma electrónica, pero sin dejar desprotegidas las escrituras públicas, que solo podrán ser firmadas y selladas por notarios; igualmente los trámites que digan relación con menores y personas de la tercera edad”, precisa el abogado."El proyecto de ley de Firma Electrónica Avanzada no 'desnotariza', pues los particulares tendrán que comprar y pagarla. Además de sellado de tiempo a esas agencias, más caro que lo que pagarán por mesón en notarías”, afirma un notario bajo condición de anonimato. Y, además, "el fedatario sin control, podría introducir muchos documentos digitales ilegales al mercado. Las empresas, incluso las de papel o especulación, podrían contar con un fedatario contratado a sueldo como empleado interno, solo para que notarice más barato y más rápido solo sus documentos", agrega.Testigos de la tramitación del proyecto y de las gestiones de los notarios en el Congreso, afirman que el gremio se opone con fuerza a la creación de los fedatarios. Para el Gobierno –tal como lo dijo el ministro Larraín el martes durante la discusión de la reforma en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento– es una forma de “desnotarizar” la vida de los ciudadanos, con esta nueva figura a partir de la cual se podrá hacer un 64% de los trámites que hoy se hacen exclusivamente en las notarías, y otras formas más simples, como la vía digital a través de un fedatario certificado por la Corte de Apelaciones respectiva.El negocio tecnológicoSin embargo, para los detractores de la iniciativa es solo una manera de abrir un nuevo negocio a los proveedores de firma electrónica avanzada. Hasta ahora, en el Servicio de Impuestos Internos (SII) aparecen cuatro proveedores autorizados de certificados digitales o firma electrónica: Acepta, E-Cert Chile, E-sign y Certinet. La primera, Acepta, tiene presencia en otros países de América Latina y es una filial de Sonda, la tecnológica fundada por Andrés Navarro, antiguo amigo del Presidente Piñera. La segunda, E-Cert Chile, es una empresa de la Cámara de Comercio."El proyecto de ley de Firma Electrónica Avanzada no 'desnotariza', pues los particulares tendrán que comprar y pagarla. Además de sellado de tiempo a esas agencias, más caro que lo que pagarán por mesón en notarías”, afirma un notario bajo condición de anonimato. Y, además, "el fedatario sin control, podría introducir muchos documentos digitales ilegales al mercado. Las empresas, incluso las de papel o especulación, podrían contar con un fedatario contratado a sueldo como empleado interno, solo para que notarice más barato y más rápido solo sus documentos", agrega."Proyecto bipolar"El diputado PS Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución, dice que “es un proyecto bastante bipolar. Busca una reformulación completa del sistema introduciendo más competencia, pero limitada a los notarios de 'trámites de mesón', que son los de provincia o zonas periféricas. A ellos les introducen competencia con la figura de los fedatarios, pero no les ocurre nada a los notarios grandes, que tienen desde cuarenta empleados y ocupan pisos completos, porque los fedatarios no podrán actuar sobre escrituras públicas”.En efecto, como la pelea es a dos bandas, durante la tramitación del proyecto sobre firma electrónica, en el artÍculo n.° 4 se establecía que el “requisito o solemnidad se entenderá cumplido por el solo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes, según corresponda, con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo”, un punto que el lobby de los notarios detuvo y logró añadir que “lo establecido en el inciso cuarto no se aplicará a las escrituras públicas. Los actos a que se refiere este artículo también podrán ser suscritos ante notario”, es decir, consiguieron conservar parte importante de su mercado.En la tramitación de la iniciativa que regula a los notarios, el ministro Larraín aseguró que los nuevos “auxiliares de la administración de justicia” (los fedatarios) no podrán actuar sobre escrituras públicas y solo lo harán sobre trámites que no están sujetos a registro, que no tienen repertorio.Parientes y amigosComo sea, la tramitación del proyecto que refunda al gremio de los notarios ha avanzado más que los otros siete intentos que hubo en gobiernos anteriores. Entre los más profundos se cuenta la reforma impulsada el 2008, cuando el ministro de Justicia era Carlos Maldonado. No se tramitó. Edmundo Eluchans, presidente de la comisión ese año, nunca la puso en tabla. Teodoro Ribera, titular de Justicia en el primer mandato de Piñera, logró avanzar en otro proyecto, pero se acabó el Gobierno y la siguiente administración de Michelle Bachelet anunció una nueva iniciativa que no se presentó nunca.Según datos consignados durante la tramitación, un 20% de los notarios en ejercicio corresponde a parientes o cercanos a personas del poder político o judicial.  Entre los casos están Luis Maldonado Concha, notario en San Miguel, hijo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado. Alfredo Martín, notario en Providencia, presidente del gremio e hijo del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Martín. El notario se defendió aduciendo que fue nombrado 25 años después que su padre dejara la Corte. Igual, su primo Gonzalo Martín es Conservador en Puente Alto.Otros ejemplos son Miguel Bauzá, notario de Coquimbo, esposo de la ex senadora Lily Pérez, nombrado en los últimos meses del primer Gobierno de Piñera. José Dolmetsch, notario en Osorno, hermano del ex presidente de la Corte Suprema, el juez Hugo Dolmetsch. Miriam Escobar, conservadora y archivera en Buin, que fue nombrada cuando su marido, Manuel Valderrama, era ministro de la Corte de Apelaciones y que actualmente integra la Corte Suprema. También se cuenta a la ex ministra de Justicia de Piñera, Patricia Pérez, conservadora en Villa Alemana y esposa del ex fiscal Pablo Gómez.Ejemplos como estos hay en todas las regiones. Pero dentro de los más bullados estuvieron el fracasado nombramiento que hizo el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, y del abogado Ricardo Moyano, en Pirque, a pesar de que estaba muy abajo en relación con los otros postulantes.En el Congreso hay al menos nueve notarios, conservadores o archiveros con relaciones directas con parlamentarios. Cónyuges, hermanos, hijos, por lo que se puede entender que la tramitación de proyectos que cambian las reglas haya sido escasa o nula, hasta ahora.El Gobierno pretende hacer más estrictos los requisitos de ingreso, aunque inevitablemente ha surgido la palabra “mérito” y sobre estos cambios está de acuerdo el gremio. Aún queda mucha discusión y en ese contexto el diputado Soto dice que insistirá sobre requisitos de inhabilidad para terminar con el amiguismo. Desmiente que alguno de sus parientes, específicamente su pareja, haya fracasado en el proceso para ganar una notaria: “Ninguno de mis cercanos es abogado. Soy el primer profesional de mi familia”, asegura.El jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Hernán Mery, dijo en el Congreso que “no se trata de mercantilizar la fe pública, sino asegurar que las personas tengan acceso a más ministros de fe para los actos de su vida cotidiana (...). No avizoramos la catástrofe para la seguridad de los mercados que se ha anunciado”.Pero detrás de las buenas intenciones, casi siempre hay un negocio. Al cierre de esta edición, la votación particular sobre los fedatarios quedó pendiente.